El blog de Jorge Mestre

Esa es la eterna pregunta que ha vuelto a recobrar actualidad tras las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien defiende la privatización de todas las televisiones autonómicas. Pero una cosa es lo que se dice desde el púlpito de la oposición y otra bien distinta cuando se gobierna.

Sin ir más lejos, aquí en la Comunidad Valenciana hubo un intento de llevarla cabo hace unos años, pero las sentencias judiciales en su contra provocaron el desistimiento.

Aún así, no se trata de hablar de RTVV exclusivamente, sino es el conjunto de todas las televisiones autonómicas las que deben ser replanteadas y reformuladas. No soy yo partidario de su privatización porque estoy de acuerdo en que los gobiernos tienen un papel irreductible en determinadas áreas, especialmente en aquellas que pueden mejorar la cohesión social y el sentido de comunidad, como pueden ser la provisión de sanidad pública, la enseñanza y por qué no las televisiones públicas.

Ahora bien, de eso a que tengamos que tener en España 26 canales de televisión regionales media más que un abismo. Las televisiones públicas autonómicas nacieron para dar cobertura a la idiosincrasia de cada región y dar respuesta a sus singularidades culturales.

Sin embargo, después de todos estos años se ha comprobado que dichos canales de televisión se han levantado para marcar diferencias, distancias, y dejar que sean las fuerzas centrífugas las que operen en lugar de las centrípetas. Por tanto, desde un punto de vista institucional, no me gusta centrar el debate en las propias televisiones, sino en los ejecutivos autonómicos, del color político que sean, que se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución.

No tiene ningún sentido por ejemplo que Catalunya disponga de cinco canales, Galicia cuatro, y otras zonas, como la Comunitat Valenciana o País Vasco, cuenten con tres. En todas estas comunidades la existencia de los canales autonómicos cuesta por hogar más de 200 euros.

La casi treintena de canales públicos del ámbito autonómico entraron hace unos años en una espiral de maximización de presupuestos, de expansión en su tamaño y ser socialmente poco útiles, costándole a la sociedad más de los beneficios que le aportan.

A estas televisiones como empresas públicas les ha pasado lo que William Niskanen teorizó en los años 70 y recogió en su obra “Burocracia y gobierno representativo” (1971).

Las televisiones públicas han contribuido al engrandecimiento de las administraciones hasta un punto donde la única alternativa que le dejan a los gobernantes es la de seguir protegiéndolas bajo el manto paternalista y consentir que la deuda se abulte por segundos.

Así que el problema no está tanto en las mismas televisiones sino en la expansión que han consentido los gobiernos respectivos a las trece corporaciones autonómicas y que tendrán este año que hacer frente a la no poca desdeñable cifra de 1.800 millones de euros.

La solución no pasa tanto por el modelo BBC que está bien para una televisión de ámbito estatal, sino más bien el de la ARD de Alemania, el equivalente a la Forta española, pero con diferencias sustanciales. Allí se trata de una empresa mientras que aquí la Forta es una asociación y, realmente en España, la Forta únicamente sirve para llegar donde cada una de las televisiones autonómicas no puede hacerlo por sí sola como ocurre con la compra de series, películas, venta de publicidad o los derechos del fútbol. Después de ahí ya no hay más colaboración.

La ARD en Alemania aglutina a once canales de los diferentes estados y entre todos ellos vienen a alimentar la parrilla de televisión de todo el país en un trabajo basado en la cooperación y en la atención, por supuesto, a las sensibilidades de cada parte del territorio.

Me planteo lo mucho que ahorraríamos y lo que también se ganaría en eficiencia si realmente algunos de los canales que tienen las autonomías fueran sustituidos por uno o dos de ámbito estatal para ofrecer un modelo de televisión basado también en el trabajo conjunto de todas las televisiones autonómicas en lugar de funcionar a espaldas los unos de los otros como ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que es ahí por dónde habría que empezar.

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Esa misma pregunta me la hice ayer, pero a día de hoy y después de haber escuchado las declaraciones de Antoni Asunción en distintas emisoras de radio, me inclino a pensar que el candidato inesperado a disputar el liderazgo de Jorge Alarte ni es el candidato de la derecha como algunos sugieren, ni detrás de él hay nadie de la dirección socialista que le haya animado a dar batalla.

Más bien y por su conducta a lo largo de su carrera política, Asunción siempre ha sido Asunción. No le importó dejar de ser ministro a pesar de la oposición de Felipe González, ni tampoco se amilanó ante Joan Lerma. Antoni Asunción siempre ha hecho lo que ha querido, y ha entrado y salido de la política cuando se le ha antojado.

Yo considero al candidato sorpresa socialista un agente del cambio, un provocador, dispuesto a romper con el pensamiento único y despertar las conciencias en el partido para el que ha militado durante tantos años.

Asunción criticaba esta mañana el excesivo empeño socialista en basar su oposición en el caso Gürtel, sin haber aún sentencia judicial, y cuando existe una crisis económica, miles de personas en paro y otros problemas que han sido marginados por el PSPV en su hoja de ruta para llegar a la Generalitat.

Frente a él han empezado a surgir algunos profesionales de la política que han tachado su actitud como una osadía y a través de un argumento maniqueo pretenden recordarle que su paso por la política expiró hace años y que lo poco o mucho que le queda por hacer es situarse al margen del proceso electoral. Todo eso aderezado con acusaciones de querer enredar y desestabilizar.

A Antoni Asunción le asiste el mismo derecho que a Alarte de ser candidato socialista, pues es también miembro del partido, además de tener el privilegio, que ya quisieran algunos políticos en este país, de no depender para nada de la partitocracia para sobrevivir.

Pero lo que más me interesa no es tanto lo que se ha dicho sobre él, sino lo que él ha declarado. Su propuesta de un gobierno de coalición para la Comunidad Valenciana es una idea que también escuché a Javier Paniagua y que cada día gana más adeptos. Creo que es la tendencia generalizada en los gobiernos de los países más relevantes y aquí tendrá que llegar. Reino Unido, Suecia, Finlandia, posiblemente EE UU con una victoria republicana en las elecciones de noviembre y Alemania son ejemplos vivos de que las ortodoxias en política se han terminado y que los gobiernos basados en el consenso son los que tienen mayor recorrido. Frente a ello, la división política sólo frustra las políticas de largo alcance.

Pese a quienes se empeñan en describir a Asunción como una anécdota, ojalá contribuya con su gesto a despertar del aletargamiento no sólo a los militantes socialistas, sino a la militancia de todos los partidos.

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Cuando queremos referimos a la perversión de alguien por llevar a cabo algo de importancia y a hurtadillas, añadimos dos sustantivos, alevosía y nocturnidad. Pues bien, viendo lo visto esta semana, yo ampliaría la retahíla con la palabra estuosidad. Digo esto porque durante agosto se han vertido sobre la opinión pública tres temas de gran importancia y que no deberían haber sido abordados con el desapercibimiento propio del mes en el que estamos, y no porque los españoles se encuentren de vacaciones, sino porque una gran parte de la sociedad permanece desconectada de los problemas que aparcó hace un mes y que se reencontrará con ellos en breve.

Los temas a los que me refiero son la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la subida de impuestos. Sobre la primera, sin dar margen a la reacción, ni siquiera a sindicatos, se ha aprobado con la reducción a 30 días del plazo que un parado puede negarse a recibir cursos de formación. Eso ha sido un ejercicio de estuosidad.

A los españoles no se les puede privar el debate público de ninguna de las políticas que quiera introducir el Gobierno y hacerlo en estas fechas resta oportunidad a la ciudadanía de expresarse con las mismas posibilidades que tiene durante el año.

Los otros dos anuncios que como ciudadano sigo con inquietud han sido el de la reforma de las pensiones y la posible subida de impuestos. Apenas ha habido reacciones esta semana a ese cambio en la edad de jubilación. Las que he conocido más bien han sido tibias y prácticamente se da por sentado, con los anuncios de los ministros Corbacho y Salgado, que va a haber modificación.

Como ya decía esta semana en un artículo anterior, nos encaminamos a la ciudadanía del menos por más. Más impuestos y más obligaciones, pero menos contraprestaciones por parte del Estado. No soy sospechoso de defender la economía del subsidio, por supuesto, me refiero a esas mejoras vitales que toda sociedad necesita para su futuro y de las que aquí aún carecemos.

¿Y qué hay de los impuestos? José Blanco dijo una cosa a mediados de mes y, en esa rectificación constante a la que el Gobierno nos tiene acostumbrado desde que la crisis económica le superó, la ministra Salgado le corrige y añade que de la subida de impuestos sólo para los que más tienen. Quizá la vicepresidenta y ministra de Economía haya comprobado que un 27 de agosto ya no pueden realizarse movimientos con estuosidad.

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