Condenados a entenderse
Del recién aprobado Estatuto valenciano en Madrid, me vuelvo a quedar con el gran acuerdo logrado por los dos grandes partidos, PP y PSOE, en un tema de especial relevancia. Desde que Zapatero llegó al Gobierno no estábamos acostumbrados a ver a populares y socialistas debatir sus controversias para llegar a puntos de encuentro. Más bien, la norma era que las diferencias les separasen aún más. A día de hoy, sigue siendo la tónica en asuntos de política nacional.
El Pacto del Tinell de 2003 excluía la posibilidad de cualquier pacto con el PP por parte del PSOE. A partir de entonces, los dos partidos mayoritarios parecerían dejar de ser simples rivales para convertirse en enemigos. La primera materialización de esta ruptura fue con el conocido Pacto Antiterrorista por la inclusión del Partido Comunista de las Tierras Vascas en la lista electoral.
De este intento de arrinconamiento al PP, el único efecto conseguido ha sido la crispación de la vida política y de la sociedad española. Los miembros de cada uno los dos grandes partidos han adoptado, en varias ocasiones, actitudes extremistas que se han trasladado posteriormente al conjunto de la ciudadanía.
Pienso que hay asuntos en los que los dos grandes partidos deberían estar condenados a entenderse y la política de pactos de Estado es una fórmula adecuada. Al igual que el Pacto Antiterrorista fue una muestra de ello, otros asuntos como los relacionados con política exterior, educación y la justicia deberían pasar por la política del consenso.
En el caso del Estatuto valenciano, más de uno se restregaba las manos pensando que se podía llegar al extremo de “dejar sólo al PP” sin tener en cuenta que este partido es quien tiene el encargo de los valencianos de dirigir la Comunidad Valenciana hasta el año que viene. La reducción de la barrera electoral al 3% fue empleada como punta de lanza a favor de una mejor democracia que supondría la entrada de partidos más pequeños.
Me parece bien y aplaudo la labor de los partidos pequeños, pero no me cabe duda que la representatividad de la ciudadanía no se mide por el número de formaciones políticas que hay en un parlamento, sino por la representación del partido gobernante.
Un ejemplo que a poco se les escapa es el derecho de veto a los que nos vienen acostumbrando muchos de los partidos pequeños en la vida nacional. Así se pudo ver con el traslado de cientos de documentos del Archivo de Salamanca. Si esta reclamación no hubiera procedido de ERC, seguro que no se hubiera llevado a cabo.
Que un partido con 650.000 votos tenga que decirnos al resto de la ciudadanía cómo hay que dirigir el país, poco tiene que ver con la vocación de la democracia. Son los riesgos del sistema y, por ello, cuantos más partidos pequeños condicionen el gobierno de un país o autonomía, mayores riesgos para la estabilidad social.
En el PSOE han aprendido mucho de lo que digo y ya no se muerden la lengua para advertirle o invitarle a ERC que se apee del tripartito si no se siente cómodo. Además, los partidos pequeños al tener un menor número de votantes suelen velar más por intereses particulares que por los verdaderos intereses de la mayoría.
Espero que el acuerdo estatutario valenciano le haga pensar a Zapatero que las diferencias políticas con el PP se reducen en los asuntos de interés general y que debería tender puentes antes que, aconsejado por otros, dinamitarlos.
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