Pésima gestión del Alakrana

Después de más de cinco semanas de secuestro, la situación a bordo y fuera del Alakrana no ha cambiado apenas. Tras casi 40 días de cautiverio, la situación ha llegado a un punto en el que se hace absolutamente obligatoria la resolución del problema de una forma eficaz y contundente.

Llama la atención, desgraciadamente, la enorme descoordinación que el Gobierno ha exhibido desde que el pasado 2 de octubre se tuviese constancia de que el atunero español había caído en manos de corsarios somalíes mientras faenaba en aguas índicas.

¿De qué sirve un Ministerio de Defensa, otro de Exteriores y un servicio de inteligencia como el CNI? Hasta el momento, las conversaciones con los secuestradores se han mantenido con intermediarios ciertamente lejanos al caso, como diplomáticos pertenecientes a otros países. La elección de los interlocutores se ha convertido en un grave error de fondo. La ausencia de una figura con poder al frente del problema, de un capitán con autoridad en la toma de decisiones, no hace más que prolongar la agonía de 36 familias vascas y gallegas.

El gobierno vasco ha creado una mesa de crisis con consejeros al frente, el embajador en Kenia se hizo cargo de la negociación desde Nairobi… y 40 días después, casi seis semanas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se digna a mover ficha cambiando la estrategia y reconociendo la posibilidad de extraditar a los dos piratas detenidos.

El problema de la piratería en Somalia no es nuevo. Las condiciones de un país ingobernado y absolutamente sumido en el caos han convertido el asalto de buques extranjeros en una actividad lucrativa e incluso bien reconocida. El problema de la piratería en Somalia no ha pillado por sorpresa al Gobierno español, pero sin embargo éste ha dejado entrever una falta de previsión alarmante y vergonzosa.

El pasado mes de abril un buque con bandera estadounidense cayó en poder de los corsarios. También tratándose de un caso con rehenes, el gobierno de Barack Obama solucionó el problema en cuatro días. La intervención directa del Presidente de la Casa Blanca, primero dialogando con Somalia y después autorizando una operación militar, fue clave en la resolución de un secuestro que se saldó a todas luces como un éxito de su administración.

Desde luego una intervención militar no puede realizarse bajo la premisa de la improvisación. El caso Alakrana está envuelto en la máxima de que hay 36 vidas humanas en juego. Antes de optar por la fuerza, la vía diplomática y del diálogo debe estar absolutamente agotada. Sin embargo, tras 40 días, cuesta creer que el Gobierno no haya encontrado una solución de algún tipo.

Un país que aspira a tener un peso importante dentro de la Unión Europea y que se lamenta cuando se le excluye en las reuniones de calado internacional no puede estar a merced de un grupo de piratas proveniente de un país tercermundista.

El PSOE ha vivido durante las últimas semanas de los problemas en el seno del PP. La opinión pública y los medios de comunicación afines han encontrado un filón en el caso Gürtel, en la crisis interna del partido de la oposición y en la desviación de la atención sobre los problemas importantes.

Con los asuntos en ciernes ya desgastados, el secuestro del atunero Alakrana ha explotado en la cara del Gobierno. Y ya no tiene con qué ocultarlo. Las voces críticas tienen la obligación de forzar a Zapatero a obtener resultados. Como pasara en 2002 con el incidente de la toma del islote Perejil, España tiene la responsabilidad de no amedrentarse ante otras naciones. Si entonces se le exigió al Gobierno de José María Aznar solucionar el problema de forma rápida y contundente, este caso no es diferente.

Los ciudadanos requieren de sus políticos una clase gobernante que solucione los problemas, no que los esquive y postergue. Las buenas intenciones, las promesas y los mensajes de tranquilidad no devuelven a los 36 tripulantes españoles del Alakrana a sus hogares. A bordo del buque se agotan el agua y los alimentos. En tierra, se agota la paciencia de 36 familias hartas de esperar.

El Gobierno parece afrontar el secuestro de perfil, con un recelo tan evidente como reprochable hacia la posibilidad de que el suceso tenga un final desagradable, pero su obligación es tomar decisiones y no regañar a medios de comunicación y ciudadanos con reprimendas sobre la “prudencia” porque seis semanas es tiempo más que razonable para solucionar un conflicto y no poner a España de nuevo en ridículo.