Después de la reunión del Gobierno ayer con las autonomías me creo aún menos que se vaya a cumplir la reducción del déficit al 5,3% en 2012.

Veamos. Si el año pasado se ahorraron sólo 7.000 millones y el déficit se situó en el 8,9%, ahora hace falta ajustarlo aún en 3,6 puntos que sumados al 1,7% de caída del PIB pronosticado por el propio Gobierno, representa realmente más de un 5% de reducción real, o lo que es lo mismo 50.000 millones de ajuste. Esto constituye una labor inviable.

Si el Gobierno sólo reduce 27.000 millones el déficit según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y las autonomías asumen otra reducción de 18.449 millones (según anunciaron ayer) suman un total de 45.500 millones de ajuste frente a los 50.000 garantizados ante Bruselas.

Es decir, de cumplirse dichas previsiones quedaríamos a unos 5.000 millones del objetivo real, pero como una cosa es lo que se escribe sobre el papel y otra la realidad, los 5.000 millones de incumplimiento podrían realmente ser una cifra mayor aún si la caída de los ingresos sigue la misma tendencia.

Solución para el Gobierno: subir el IVA a partir de septiembre. El incremento del 16 al 18% en 2010 supuso un incremento de recaudación de más de 6.000 millones de euros hace dos años, pero con lo maltrecha que está la economía y a sólo cuatro meses de concluir el año, aumentar dicho impuesto no representaría ninguna panacea y seguiríamos incumpliendo el objetivo.

Salvador Navarro (Valencia, 1963)  apenas lleva dos meses como presidente de los empresarios de la provincia de Valencia y parece que haya transcurrido media vida. Su intensa actividad, su carácter reivindicativo, y la claridad de cómo expone sus ideas dicen mucho de lo que va a ser su etapa al frente de la CEV, definida por una impronta personal en los tiempos más duros de la historia reciente para las empresas valencianas.

¿Cuál fue su primer cometido tras llegar a la CEV?
Tal y como me comprometí, la cooperación y la coordinación con todas las organizaciones de empresariarios.
Vivimos en unos tiempos en el que las empresan se encuentran flotando en un círculo vicioso muy difícil de salir, pues están acuciadas por la caída de la demanda interna, los conocidos problemas de financiación y la caída de los ingresos en las administraciones públicas.
¿Tienen que seguir invirtiendo las administraciones?
Está bien reducir aquello superfluo, aquello que no sea eficiente, pero hay una parte de la inversión que genera empleo y de la que no se debería prescindir.
¿Está usted, por tanto, en la línea de la misiva que la pasada semana una docena de dirigentes europeos, entre ellos Mariano Rajoy, remitió a Bruselas para pedir alternativas a los recortes?
Sín duda sí.

Es mayor drama un empresario sin empresa que un trabajador sin trabajo

 No soy partidario de los rescates públicos. Las empresas no lo esperan del Estado.

Hace dos años, por estas fechas, afloraron en todos los rincones del mundo los sepultureros del capitalismo, del liberalismo y los adalides de Keynes convencidos de tener las mejores recetas para reactivar la demanda interna. «El capitalismo está muerto», llegaron a exclamar. Pero esos aprendices de brujo ahora están desaparecidos, no existen, o no reconocen la autoría de sus palabras.

Aún recuerdo cuando Zapatero anunció la creación de 400.000 puestos de trabajo con el Plan E para realmente haberse destruido 2 millones de empleos desde el inicio de la crisis. Eran los tiempos en los que Zapatero presumía de gastar dinero público, y no se se jactaba como hace ahora de austeridad y reducción del déficit.

El Ejecutivo de Zapatero le ha inyectado a la economía en los dos últimos años 88.000 millones de euros, el equivalente al 8,8% del PIB. Los números proceden de las siguientes partidas: 18.000 millones de euros en estímulo del año 2008; los 35.000 millones para financiación de las pymes y VPO, los 2.500 millones del Plan renove de viviendas; 1.500 millones para el Plan Vive; y los 13.000 millones de los fondos para ayuntamientos. Resultado final, los peores números de la Unión Europea con un preocupante paro del 20,3%, el doble que la media europea.

Algo parecido, aunque salvando las distancias, le ha pasado a la administración Obama. Allí el rescate de la economía ha costado casi de un 6% y se ha obtenido una tasa de paro que roza en la actualidad el 10%, con medio millón de parados más en el mes de julio.

La antítesis de los dos ejemplos la tenemos en Alemania. Angela Merkel solamente gastó un 1,5 de su PIB en estimular la economía y ha conseguido que el paro lleve reduciéndose 14 meses consecutivos (ahora está por debajo del 7%) y crecer a un 2,2% en el segundo trimestre frente al raquítico 0,2% español.

Algunos economistas acusaron a Alemania de poner en riesgo la posterior recuperación ante el poco riesgo asumido desde la cancillería. Sin embargo, si echamos la vista atrás vemos a las claras quién ha ganado el debate de estímulo frente a austeridad. Todas las economías están aplicando desde hace meses medidas de austeridad y han cancelado sus planes de estímulo. En España se arriesgó mucho y se ha perdido más. ´

Este primer miércoles de marzo, mientras populares y socialistas o los llamados “negociadores” mantenían un encuentro para consensuar las medidas para atajar la crisis –dos años y medio después de su estallido, conviene matizarlo-, la Comisión Europea, por boca de su presidente, Durao Barroso hacía un llamamiento para aprobar a corto plazo el impulso de nuevas políticas económicas que eviten la situación actual, donde unos países como Francia, Alemania o Reino Unido lideran la salida de la recesión, y otros, España y Grecia por ejemplo están en el vagón de cola de la recuperación.
Lo que la CE pretende ahora, después del fracaso del Tratado de Lisboa demostrado con la crisis, es que los países integrantes consensúen las mismas políticas y cooperen para su puesta en funcionamiento. O lo que es lo mismo, más UE, y menos Estado.
El debate está servido. En la línea divisoria que separa a los ‘globalizacionistas’ de los ‘escépticos’, la tendencia es que los estados-miembros sigan perdiendo poder e influencia ante instituciones supranacionales como la europea, y se vean obligados a renunciar a competencias para regular muchos asuntos que se desarrollan en estamentos superiores.
Ni España, ni ningún país de la UE, pueden permitirse el lujo de ignorar las políticas emanadas desde Bruselas. Y la capital comunitaria tampoco quiere que ningún estado miembro vaya por libre, como se ha visto en los últimos dos años.
De hecho, los anuncios de cambios en la edad de jubilación, sueldos de los funcionarios, subida de impuestos, etc., de los últimos tiempos del Gobierno tienen más que ver con la presión de las autoridades comunitarias que de la propia voluntad gubernamental. Si hasta hace dos meses uno podía pensar que el Ministerio de Economía español estaba localizado en Moncloa, tengo el convencimiento de que ahora se encuentra en la 13ª planta del edificio Berlaymont de Bruselas.