La sociedad civil no es mansa ni está adormecida, por mucho que les pese a algunos. Y esta semana que se ha ido, ha dado buena cuenta de ello.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tendrá que comparecer el próximo 4 de diciembre en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos, en una supuesta trama de adjudicaciones irregulares de 78.000 euros a una fundación a la que él mismo perteneció.
Los medios de comunicación progubernamentales no han tardado en tratar de darle la vuelta al asunto y revertir la noticia. La denuncia, admitida a trámite por el Juzgado nº4 de Madrid, fue interpuesta por el centro jurídico Tomás Moro. Desde algunos sectores de la prensa y desde el seno del propio PSOE se ha tildado al colectivo de ‘antiabortista’ y ‘ultraderechista’, en un intento obsceno por desprestigiar a la entidad y quemarla en la hoguera.
El propio Garrido ha manifestado su “tranquilidad” por haber actuado dentro de la legalidad. El principio de presunción de inocencia prevalece siempre, incluso ante la evidencia de que una demanda no se admita a trámite si se encuentra vacía de contenido. Sin embargo, cuesta trabajo asimilar que en el círculo socialista se tardase tan poco tiempo en pedir la dimisión de los imputados en la trama Gürtel y ahora, en una situación exactamente igual, se argumenta que la querella es «malintencionada».
La Fiscalía, por su parte, ha vuelto a quedar en evidencia al estar sólo obcecada en demostrar y acrecentar las sospechas sobre cualquier color político con la excepción del PSOE. La imputación de López Garrido no viene precedida por una investigación policial y judicial ordenada por los fiscales, sino que ha tenido que ser un colectivo social y privado el que desentierre un presunto caso de corrupción.
La clase política se encuentra inmersa en un torbellino de acusaciones y reacciones que no hacen más que sumirla en la más profunda incredibilidad ante los españoles. El cambio de postura, criterio e ideas según el color político del querellado denota una falta de coherencia alarmante, a la vez que un despreciable oportunismo y conveniencia.
Resulta alentador comprobar que el sistema democrático no está muerto, que la sociedad civil no es ajena a la actividad de sus gobernantes y que aún persiste un empeño en miles de ciudadanos por exigir transparencia en sus políticos que enfundados en el traje de la democracia hacen de su capa un sayo. Sin la existencia del capital social como la que ahora ha tomado la iniciativa en un presunto caso de corruptela, resulta difícil construir una democracia sana en España.
