El pasado mes de julio se celebró en Lisboa la cuarta reunión de la Comunidad de Democracias, entidad intergubernamental fundada en el año 2000 por EEUU, y que tiene por objetivo promover la democracia occidental en el mundo. Dicho encuentro, al que asistió el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, pasó realmente desapercibido en los medios de comunicación españoles y también del discurso prioritario del gobierno español.
El fomento y promoción de los valores democráticos no es cuestión baladí, sobre todo en un momento en el que la democracia está sufriendo importantes reveses, además en zonas que se podrían considerar de importancia estratégica para nuestros intereses nacionales como Venezuela, Bolivia, por no decir Cuba, y donde se echa de menos una mayor implicación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para contribuir a la expansión de la democracia.
Verdaderamente no todo es achacable al actual gobierno, porque ningún gobierno anterior del PSOE o del PP se ha tomado en serio la importancia del fomento de la democracia en países donde España ejerce cierta influencia como los mencionados anteriormente o, por citar otro ejemplo, Guinea.
No fue hace mucho cuando la visita del ministro Moratinos a Cuba mereció una durísima carta de “Freedom House”, una ONG que se dedica a promover la democracia en el mundo, por entrevistarse con los dirigentes de la dictadura y no verse con los defensores de la democracia.
Basta con ver la importancia que se le presta desde otros países a los procesos de apertura democrática, como en Estados Unidos, para descubrir que algo está fallando en la política exterior española. Allí, nos encontramos a dirigentes como Hillary Clinton , una firme defensora de la democratización en aras de la defensa, diplomacia y desarrollo.
El propio Barack Obama en una entrevista a la BBC declaró recientemente que los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley son los principios que todos los países deberían reafirmar y defender como parte de su identidad nacional. De hecho, para los norteamericanos la democracia supone un importante pilar de su política exterior.
En su famoso discurso de El Cairo, Obama situó la defensa de los valores democráticos dentro de una amplia visión de apoyo a los derechos humanos en general y con un ojo puesto en Oriente Medio, sobre todo lo referido a los derechos de las mujeres y la libertad religiosa en particular.
Asimismo, Obama fue uno de los políticos estadounidenses que más respaldaron la Ley de Avance de la Democracia (Advance Democracy Act) que suponía un aumento de la ayuda anual norteamericana en 50.000 millones de dólares dirigida a la democratización y reforma de gobiernos corruptos. Obama y sus consejeros emprendieron ideas ambiciosas para la reconstrucción de estados fallidos o en vías de serlo, y para respaldar a disidentes y reformistas. Dicho plan incluía un fondo de respuesta rápida para facilitar asistencia a las más jóvenes democracias y sociedades salidas de conflictos. Obama también defendió integrar los activos civiles y militares para ayudar a promover la democracia y el desarrollo conjuntamente.
A Obama se le puede considerar un liberal internacionalista, racionalista, o wilsoniano, cuya máxima aspiración es la expansión de la democracia. Por ejemplo, la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Susan Rice, ha defendido siempre apoyar a los disidentes y la intervención militar en aquellos países donde se violan los derechos humanos y se comete genocidio.
USAID es el nombre de uno de los programas principales para la promoción de la democracia en Estados Unidos y cifrado en más de 800 millones de dólares. Aparte hay que sumar los 375 millones para Afganistán y los 482 millones $ en Irak. En abril, Estados Unidos destinó 53,3 millones de dólares de ayuda a Georgia, de los cuales 20 millones iban dirigidos al apoyo de la democracia.
Estas cifras pueden parecer ridículas en comparación con los desembolsos en materia de seguridad, pero no son insignificantes. En España, las ayudas a la buena gobernabilidad las canaliza el gobierno español a través de los fondos de cooperación al desarrollo, pero de una manera tan heterogénea que llega a ser desconcertante.
Así, existe una ausencia de criterio claro a la hora de adjudicarlos, las inversiones en zonas como Oriente Medio y África son apenas inexistentes y no existen fondos a organizaciones que persiguen la instauración de la democracia en dictaduras como la de Cuba. Pero aparte de las ayudas directas, tampoco se defiende por la vía de los discursos las reformas democráticas en aquellos países donde languidecen las libertades. Todavía no se ha oído, en este sentido, ninguna crítica del gobierno español a los nuevos aires autoritarios de dirigentes populistas como Chávez, Correa o Evo Morales.
Es más, el ministro Moratinos se enrocó contra los golpistas que derrocaron al presidente hondureño José Manuel Zelaya, para alegría de Hugo Chávez, obviando los aires autoritarios que el propio Zelaya había adoptado en los últimos tiempos cuando pretendía perpetuarse en el poder mediante la correspondiente modificación constitucional en la línea de la que realizaron anteriormente Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia.
Creo que España debería haber adoptado un papel de árbitro entre unos y otros y no haberse alineado de inmediato con personajes de tan pocos escrúpulos democráticos como Hugo Chávez. América Latina está dando pocos signos de apertura democrática y nuestro gobierno actual está comprometiendo seriamente la defensa de unos valores fundamentales y el papel de España en el contexto internacional por una ideología que la propia historia enterró hace 20 años.
Las democracias contribuyen a la paz, previenen el terrorismo, no trafican con armas químicas y nucleares, gestionan mejor el desarrollo económico y los problemas globales. De todo ello, debería ser más consciente en Ejecutivo español que debería colocar entre las primeras prioridades de la política exterior y defender con firmeza los incentivos a la mejora de las democracias.
