El pasado lunes el NYT daba a conocer que Israel ha comenzado las obras que permitirán el derribo del muro de hormigón entre Guiló, en Jerusalén, y la localidad palestina de Beit Yala. La barrera, que será desmantelada en una o dos semanas, fue construida durante la segunda intifada. La decisión de acabar con los bloques de hormigón es, como ha asegurado el Ejército israelí, el «resultado de la estable situación de seguridad en la zona» tras varios años sin ataques.

Sin embargo, este hecho no ha sido apenas difundido en España más por dos o tres medios, mientras que intuyo lo que se habría dicho si se hubiese levantado un nuevo muro…

La activista Aminatu Haidar le ha dicho al gobierno español que no está dispuesta a transigir en una cuestión elemental como la de volver a su tierra mediante la nacionalización española. Y es que lo que el gobierno quería aparentar como un problema administrativo y burocrático, se ha convertido nuevamente en un problema político que ha encendido los ánimos de algunos de los resortes con que Zapatero siempre ha contado, como son los actores y artistas hambrientos de pancartas y soflamas contra el gobierno. Pero esta vez no fueron ni contra Aznar, ni contra Bush, sino contra Zapatero y Moratinos.

A gritos de “Marruecos culpable, España responsable” y la exigencia de la dimisión de Moratinos, Almodóvar, Bardem madre, y otros tantos, bien conocidos como “los de la ceja” mostraron este domingo su enfado ante las incoherencias, tropiezos e ineptitud de la administración socialista para resolver los problemas de cada día.

La cuestión saharaui siempre fue defendida por la izquierda española, por los gobiernos de Felipe González y por el PSOE durante veinte años. Pero fue llegar Zapatero que ya se había reunido anteriormente con el déspota de Mohammed VI y el credo socialista hacia el Sáhara dio un giro de 360 grados. Algo similar a lo ocurrido con los EE UU, pero con la gran diferencia es que allí hay democracia y en Marruecos hay un sultán de quien el Gobierno español se ha convertido en rehén.

Con un problema tan cercano y candente no sirven los formalismos, escurrir el bulto y lavarse las manos, obviando una situación que afecta a miles de ciudadanos y que se traslada a nuestro país en forma de inmigración ilegal y crisis fronterizas.

Moratinos y Zapatero vuelven a defraudar a quienes se revuelven ahora contra ellos, a aquellos junto a quienes se manifestaban por el Prestige o por la guerra de Irak…, y es que las contradicciones no tardan en aflorar entre quienes basan su oposición tras una pancarta y ostentan después el poder.

El pasado mes de agosto ya dediqué unas palabras a lo que España estaba haciendo por las democracias en el mundo. Y no es una falacia de acento, ni una ironía. La presencia del ministro Moratinos en los fastos del 40º aniversario del golpe de estado de Gaddafi al lado de los Chávez, de los genocidas Mugabe (Zimbawe) y Omar Hassan al Bashir (Sudán) y otros dictadores ponen de relieve el seguidismo del gobierno socialista español con aquellos regímenes de pocos escrúpulos democráticos, poco respetuosos con los derechos humanos, donde se trata a los terroristas como a héroes nacionales, donde no hay elecciones libres, donde los partidos políticos están prohibidos, donde no hay medios de comunicación independientes, donde las persecuciones políticas y desapariciones forzosas son la tónica habitual, donde la homosexualidad está condenada con hasta cinco años de cárcel, donde las niñas violadas son recluidas en cárceles para evitar la “deshonra” a sus familias, etc.

¿Para cuándo el gobierno socialista de Zapatero dejará sus incoherencias de llenarse la boca defendiendo supuestamente los derechos civiles de unos y otros bajo el manto del socialismo y progresismo para sólo aquellos que viven entre nuestras fronteras? Es un sinsentido. Será que porque como los demás no votan aquí, no merecen ser tenidos en cuenta.

Las palabras de Moratinos en Trípoli, que he podido escuchar en TVE, fueron que “España mantiene unas excelentes relaciones con Libia”. Por supuesto, con Libia, con Cuba, con Venezuela, con Irán, con Guinea Ecuatorial, con Bolivia… Pero obvió condenar la dictadura de Gadafi o exhortar al respeto de los derechos humanos.

El ministro Moratinos se comporta más como el canciller de un país de la Conferencia de Bandung que de otro que quiere ganarse un puesto permanente en el G-20. Si el gobierno de Zapatero quería haber estado presente en esta pantomina, ¿no podía haber hecho lo que el Reino Unido que envió como representación al número dos de la embajada en Trípoli?, o lo que hicieron Francia, Alemania o Italia de ni siquiera enviar a nadie.

El eje vertebrador de nuestra política exterior se ha basado desde la llegada de Zapatero en la ambigüedad, en el doble sentido y en la indeterminación. Se pretende contentar a las dictaduras más execrables so pena de caer en la ofensa a las democracias, muchas de ellas vecinas nuestras en Europa.

La diplomacia requiere de unas sutilezas y de una destreza que el ministro Moratinos ha demostrado una vez más carecer.

El pasado mes de julio se celebró en Lisboa la cuarta reunión de la Comunidad de Democracias, entidad intergubernamental fundada en el año 2000 por EEUU, y que tiene por objetivo promover la democracia occidental en el mundo. Dicho encuentro, al que asistió el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, pasó realmente desapercibido en los medios de comunicación españoles y también del discurso prioritario del gobierno español.

El fomento y promoción de los valores democráticos no es cuestión baladí, sobre todo en un momento en el que la democracia está sufriendo importantes reveses, además en zonas que se podrían considerar de importancia estratégica para nuestros intereses nacionales como Venezuela, Bolivia, por no decir Cuba, y donde se echa de menos una mayor implicación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para contribuir a la expansión de la democracia.

Verdaderamente no todo es achacable al actual gobierno, porque ningún gobierno anterior del PSOE o del PP se ha tomado en serio la importancia del fomento de la democracia en países donde España ejerce cierta influencia como los mencionados anteriormente o, por citar otro ejemplo, Guinea.

No fue hace mucho cuando la visita del ministro Moratinos a Cuba mereció una durísima carta de “Freedom House”, una ONG que se dedica a promover la democracia en el mundo, por entrevistarse con los dirigentes de la dictadura y no verse con los defensores de la democracia.

Basta con ver la importancia que se le presta desde otros países a los procesos de apertura democrática, como en Estados Unidos, para descubrir que algo está fallando en la política exterior española. Allí, nos encontramos a dirigentes como Hillary Clinton , una firme defensora de la democratización en aras de la defensa, diplomacia y desarrollo.

El propio Barack Obama en una entrevista a la BBC declaró recientemente que los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley son los principios que todos los países deberían reafirmar y defender como parte de su identidad nacional. De hecho, para los norteamericanos la democracia supone un importante pilar de su política exterior.

En su famoso discurso de El Cairo, Obama situó la defensa de los valores democráticos dentro de una amplia visión de apoyo a los derechos humanos en general y con un ojo puesto en Oriente Medio, sobre todo lo referido a los derechos de las mujeres y la libertad religiosa en particular.

Asimismo, Obama fue uno de los políticos estadounidenses que más respaldaron la Ley de Avance de la Democracia (Advance Democracy Act) que suponía un aumento de la ayuda anual norteamericana en 50.000 millones de dólares dirigida a la democratización y reforma de gobiernos corruptos. Obama y sus consejeros emprendieron ideas ambiciosas para la reconstrucción de estados fallidos o en vías de serlo, y para respaldar a disidentes y reformistas. Dicho plan incluía un fondo de respuesta rápida para facilitar asistencia a las más jóvenes democracias y sociedades salidas de conflictos. Obama también defendió integrar los activos civiles y militares para ayudar a promover la democracia y el desarrollo conjuntamente.

A Obama se le puede considerar un liberal internacionalista, racionalista, o wilsoniano, cuya máxima aspiración es la expansión de la democracia. Por ejemplo, la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Susan Rice, ha defendido siempre apoyar a los disidentes y la intervención militar en aquellos países donde se violan los derechos humanos y se comete genocidio.

USAID es el nombre de uno de los programas principales para la promoción de la democracia en Estados Unidos y cifrado en más de 800 millones de dólares. Aparte hay que sumar los 375 millones para Afganistán y los 482 millones $ en Irak. En abril, Estados Unidos destinó 53,3 millones de dólares de ayuda a Georgia, de los cuales 20 millones iban dirigidos al apoyo de la democracia.

Estas cifras pueden parecer ridículas en comparación con los desembolsos en materia de seguridad, pero no son insignificantes. En España, las ayudas a la buena gobernabilidad las canaliza el gobierno español a través de los fondos de cooperación al desarrollo, pero de una manera tan heterogénea que llega a ser desconcertante.

Así, existe una ausencia de criterio claro a la hora de adjudicarlos, las inversiones en zonas como Oriente Medio y África son apenas inexistentes y no existen fondos a organizaciones que persiguen la instauración de la democracia en dictaduras como la de Cuba. Pero aparte de las ayudas directas, tampoco se defiende por la vía de los discursos las reformas democráticas en aquellos países donde languidecen las libertades. Todavía no se ha oído, en este sentido, ninguna crítica del gobierno español a los nuevos aires autoritarios de dirigentes populistas como Chávez, Correa o Evo Morales.

Es más, el ministro Moratinos se enrocó contra los golpistas que derrocaron al presidente hondureño José Manuel Zelaya, para alegría de Hugo Chávez, obviando los aires autoritarios que el propio Zelaya había adoptado en los últimos tiempos cuando pretendía perpetuarse en el poder mediante la correspondiente modificación constitucional en la línea de la que realizaron anteriormente Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia.

Creo que España debería haber adoptado un papel de árbitro entre unos y otros y no haberse alineado de inmediato con personajes de tan pocos escrúpulos democráticos como Hugo Chávez. América Latina está dando pocos signos de apertura democrática y nuestro gobierno actual está comprometiendo seriamente la defensa de unos valores fundamentales y el papel de España en el contexto internacional por una ideología que la propia historia enterró hace 20 años.

Las democracias contribuyen a la paz, previenen el terrorismo, no trafican con armas químicas y nucleares, gestionan mejor el desarrollo económico y los problemas globales. De todo ello, debería ser más consciente en Ejecutivo español que debería colocar entre las primeras prioridades de la política exterior y defender con firmeza los incentivos a la mejora de las democracias.