Esa es la pregunta que se hace el escritor senegalés Boubacar Boris Diop en la edición estadounidense de Foreign Policy. África es el patio trasero de Europa como América Latina lo es de España. Pero mientras que países como España no interfieren en los asuntos de estados soberanos como los de América, no ocurre lo mismo con Francia. De hecho, casi la mitad de los principales estados fallidos del mundo fueron en su día parte del imperio francés (Chad, República Centro Africana, Guinea y Haití). Y, por cierto, de los 150 estados fallidos, cuatro fueron territorio español en su día.

Los ejemplos que cita el autor se remontan a cuando el consejero del General Charles de Gaulle, Jacques Foccart, diseñó la política neocolonial en África basada en apuntalar a líderes africanos de confianza para Francia, algunos de ellos con nacionalidad gala. «De ese modo, Francia se aprovechaba de los recursos naturales, aunque fue un sistema que propició la corrupción y la inestabilidad», señala. (Muy recomendable, la película «Hotel Ruanda»).

Al mismo tiempo acusa a la política colonial francesa de haber sobrevivido a la Guerra Fría. Es decir, mientras Moscú y Washington se fueron retirando de sus áreas de influencia, los franceses siguieron entrometiéndose en los asuntos de sus ex-colonias. Así ocurrió el pasado año en Gabón, donde Ali Bongo emergió victorioso con el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Todo ello en un intento por desestabilizar y destruir los países africanos, sostiene el escritor senegalés, quien añade que los estados que se han negado a seguir la amistad con París, como Vietnam, Madagascar, Camerún y Areglia, han pagado su libertad con decenas de miles de vidas.

No obstante, y pese a que yo también estoy de acuerdo en que la colonización europea en África, explotación y posterior descolonización tuvo nefastas consecuencias, no se le pueden achacar todas las responsabilidades a los europeos. La cleptocracia, las guerras civiles, el nepotismo y la ausencia de rendición de cuentas, son algunas de las trampas que provocan que estos estados no evolucionen, tal y como también recogía Paul Collier en su extraordinario libro «El club de la miseria». Si miramos con lupa a Francia se debería hacer lo propio con Portugal en Angola y Mozambique, España en Guinea Ecuatorial, Italia en Etiopía o en Somalia, por citar algunos ejemplos.

Cuantos neocon, cuantos neoliberales hay en el mundo…, exclamarán algunos cuando hayan leído algunos de los ratios y adjetivos que a España le han colocado el Financial Times, Transparencia Internacional y los propios ciudadanos.

Algunos de ellos se lamentarán el no poder coger de las solapas de la americana a Bush y Aznar y convertirlos en el pim-pam-pum de todos los males que azotan a nuestro país, porque todavía no encuentran la manera de hacerlo con Merkel o Sarzoky.

Que España sea el último país de la UE en salir a flote de la crisis…, la culpa será de Aznar. Que el paro español sea mayor que el de Francia, Alemania y Reino Unido juntos, la culpa será de…, pongamos a Bush. Que la ministra de Economía sea la cuarta peor de Europa, según el Financial Times, la culpa será de Solbes por haberle dejado un marrón de aúpa. Que España haya perdido en el último año cuatro puestos en el ránking de corrupción y se encuentre en el puesto 18 de los 30 países europeos, la culpa será de la ineficiencia de todas las instituciones democráticas menos la del gobierno Zapatero. Que Internet en España sea el más caro y más lento de Europa pese a la propaganda de Miguel Sebastián de convertirlo en un derecho universal…, los deshonores serán para Camps o de Esperanza Aguirre…, y así podríamos seguir haciendo un ejercicio de análisis de un Gobierno improvisador, incapaz, inmóvil e inepto para hacer frente a los problemas que se enfrenta nuestro país.

La pregunta que cualquiera podría hacerse, sencilla y directamente, sería ¿cuál ha sido la aportación de dos legislaturas socialistas al porvenir de España? Más allá de aquellas normas que se puedan legislar a golpe de BOE, la pregunta encontraría una dudosa respuesta. Ni en economía, ni en la política autonómica, ni en educación, ni en el mercado laboral, ni en sanidad, ni en la industria, ni en política exterior, ni en innovación, ni en medio ambiente…, sólo salvaría el éxito logrado en la reducción de siniestralidad en las carreteras, porque en todos los demás aspectos nos encontramos con una sociedad hundida, más pobre, con rencores abiertos, con una clase media en vía de extinción, incapaz de acceder a una vivienda y que se sumerge poco a poco en el agujero propiciado por quienes nos gobiernan.

El titular es tan impactante como poco sorpresivo, ya que se trataba de un anuncio que Francia esperaba desde la última campaña electoral de 2007: Sarkozy abre un debate nacional sobre el significado y valor actual de ser francés.

Los medios nacionales aplauden y alientan la decisión, a la espera de la propia opinión del presidente. Mientras, los adjetivos “incendiario” e “inoportuno” copan las cabeceras de los periódicos del resto de Europa. Un análisis más profundo de la medida deja entrever algunos de los defectos y recelos aún existentes en el viejo continente y que contribuyen a alejar a los ciudadanos del ideal y unidad europeos.

El antropólogo francés Régis Meyran ya ha dicho que históricamente los períodos de crisis acentúan el sentimiento xenófobo y racista, como ya ocurriera en la década de los 80 en tierras galas. Mientras, la web www.debatidentitenationale.fr comienza a recoger las impresiones de miles de franceses atareados en obviar a los más de 10 millones de inmigrantes que viven entre ellos, intentando revalorizar los símbolos e ideales pasados para tratar de posponer y esquivar la realidad futura.

Hace algunos siglos, cuando la idea de una Europa unida no era ni siquiera un germen y los estados peleaban entre sí por cuestiones territoriales y a la par económicas, el “ciudadano europeo” ya existía. Cualquier alemán, inglés o francés que alcanzase el lejano oriente, el África profunda o más recientemente la inexplorada América, alardeaba de su condición de europeo. Y sin necesidad de instituciones oficiales que promocionasen la, hoy, UE.

Sin embargo, varias centurias después y cuando la Unión Europea ha adquirido hasta un cariz de marca, es cuando más se quiere acentuar y enfatizar la idea de Estado-nación.

Al borde del 2010, Francia se empeña en delimitar conceptual, jurídica e ideológicamente la idea de la nacionalidad pura, diferenciando claramente entre quienes son franceses y quienes, aunque quieran, no lo son.

Con el fenómeno migratorio en un momento histórico incomparable, los países del primer mundo se afanan en levantar fronteras, físicas y virtuales, que les aíslen de la “intoxicación” que se cierne sobre ellas, ante la alarma global de desnaturalizar las realidades nacionales, las costumbres e identidades propias. Mientras se trata de dar cohesión social a los ciudadanos “nativos”, se blinda la entrada de nuevas formas de entender la vida.

Muchos estados creen que sólo sus ciudadanos pueden sentirse miembros del “exclusivo club de la ciudadanía nacional”. Paradójico, cuando los países miembros avanzan, teóricamente hacia la unidad, y sus ciudadanos ya disfrutan de derechos y obligaciones comunes en su calidad de europeos. Lamentablemente, sólo ocurre en el sentido práctico.

El debate francés sobre la identidad nacional actual no hace más que alentar una nociva realidad demasiado habitual en los estados modernos actuales: un empeño desmesurado por eludir otorgar derechos políticos de participación e integración a colectivos sociales de distinto origen étnico o nacional. Paradójico de nuevo, cuando los países avanzados han conseguido salvar los obstáculos tradicionales de discriminación por sexo, condición laboral o religión.

La diferenciación entre patriotas y no patriotas, entre buenos y malos, simplemente responde al enorme miedo hacia la inmigración. Las naciones más ricas temen que la afluencia de inmigrantes provenientes de regiones menos prósperas (los llamados migrantes económicos) diluya su riqueza. Ese recelo hacia el “forastero” ha revalorizado el derecho de los estados soberanos a decidir quién entra y en qué condiciones sale.

Desde hace cerca de doscientos años y sin que los ideales de la Revolución Francesa parezca que han servido para algo, la idea de ciudadanía y nacionalidad se quieren entrelazar induciendo a la confusión malintencionada.

La ciudadanía implica una cantidad ingente de derechos y privilegios, pero también un conjunto de deberes y obligaciones. Cada miembro del club ciudadano aporta a su vez su importante fuente de identidad personal y autoestima.

Sarkozy, como tataranieto de algún revolucionario francés, haría bien en recordar que la declaración que se aprobó hace más de 200 años era la del hombre y la del ciudadano, no la de los franceses, que el pretende promover.