Que esta crisis lo está cambiando casi todo, es una obviedad que a pocos se les escapa. Y de eso saben mucho las personas en paro, autónomos cautivos de la crisis, empresarios que han tenido que cerrar sus empresas o que se resisten a la rendición y que han tenido que adaptarse a las circunstancias, realidad que no es otra que aunque técnicamente España empiece a asomar la cabeza del hoyo, apenas se le divisa la coronilla.

Todas estas transformaciones que vivimos de cerca y que han modificado nuestros hábitos de vida y consumo siguen ajenas al conjunto de las administraciones públicas. Los representantes políticos creen haber asumido su parte de responsabilidad con la reducción de sus salarios, pero ninguno de ellos ha perdido su puesto de trabajo, al menos por razones profesionales. Todos están en el mismo sitio que hace dos, tres e incluso hasta diez años.

Así, cuando no es el ministro Blanco quien imparte lecciones de fiscalidad y de lo poco que, según él, se paga en impuestos en España, es el ministro Corbacho quien quiere cambiar las reglas del juego y, con el manido discurso de la reducción del gasto público y la lucha contra el fraude o el descaro de algunos, nos vuelve a reclamar nuevos sacrificios.

Pero lo más impúdico de todo es que los Corbacho, Blanco, y el Gobierno en su conjunto, no usan el tono adecuado para obtener las renuncias correspondientes. No. Nos señalan a todos nosotros con el dedo, como si fuéramos una panda de delincuentes que sangramos el dinero público, y que debemos someternos a una reválida de buenos españoles. Unos, por defraudar al INEM, y los otros, porque para el ministro de Fomento y también de Economía, pagamos pocos impuestos.

La sensación que se extiende y muchos empiezan a compartirla, es que el Gobierno, brazo político del Estado, no hace nada por uno y encima te exigen. Si pretenden que los ciudadanos paguen más por menos, únicamente alimentarán la ruptura entre el Ejecutivo y sus representados.

Más o menos es lo que le ocurrió a Margaret Thatcher con el controvertido “poll tax”. Los incrementos de impuestos siempre cambian las relaciones estado-sociedad. Por un lado, el estado que trata de extraer más recursos y, por otro, a los ciudadanos que se resisten a nuevas imposiciones. Todo ello nos conduce a que muchos ciudadanos no se preocupen por el estado porque creen que el estado no se preocupa lo suficiente por ellos. Y es ahí donde aparece un nuevo y grave problema.